El magistrado procesó a Julio De Vido por la compra de trenes a España y Portugal, en respuesta al pedido del fiscal Ricardo Delgado. También fueron al canzados por la misma decisión Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Cortés, Ricardo Luján Roseto, Carlos Castaño y Antonio Sícaro.
Además, Ercolini trabó un embargo contra el actual diputado nacional por 100 millones de pesos, en la causa por la que está imputado por los delitos de administración fraudulenta agravada y partícipe necesario de cohecho.
La medida llega sólo un día después de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento contra el ex titular del Ministerio de Planificación por la Tragedia de Once, causa por la que ya tienen condena los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schavi.
Según el fiscal Delgado, se desviaron "enormes sumas de dinero" para renovar los trenes, pero a través de un "pacto ilegal" mediante el cual se compró "chatarra como si fuera buena" y facturaron números exorbitantes a favor de "empresas amigas" bajo los conceptos de "asesoramiento técnico".
Por su parte,
un grupo de diputados oficialistas solicitó la expulsión del diputado nacional, con el argumento que el legislador por el FpV no cumple con las disposiciones del artículo 66 de habilidad moral para detentar una banca en ese cuerpo legislativo.
El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que “cada cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno.”
Los diputados macristas fundamentan que debido a la gran cantidad de causas penales que tiene De Vido entienden que "se encontrarían reunidos sobrados elementos para que se lo excluya de este cuerpo por indignidad".
Hasta la actualidad, la Cámara de Diputados expulsó a Luis Luque por sus declaraciones cuando fue el asesinato de María Soledad Morales en 1991 y en el 2002 a Hilda Ancari de Godoy por amenazas a dos periodistas, mientras que al ex general genocida Antonio Bussi en 1999 y a Luis Patti en el 2005 se les rechazaron los pliegos.
