María Estela Martínez de Perón no tendrá que declarar por delitos de lesa humanidad

Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, miembros del  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), consideraron que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón tiene derecho a no declarar como testigo contra sí misma en la causa que investiga el "Operativo Independencia".  Según consta en el expediente judicial, la puesta en marcha del operativo ordenado por Martínez de Perón "desató en Tucumán un plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad", en supuesta complicidad con la dictadura que asumió en 1976

El juez federal de instrucción, Daniel Bejas, primero, y la Cámara Federal de Apelaciones local, en segunda instancia, rechazaron negaron el llamado a indagatoria por considerar que los militares no habían contado con la "aquiescencia" de Martínez de Perón. Además, los magistrados argumentaron que el Operativo Independencia "fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al Gobierno constitucional"(R). Tanto Bejas como los camaristas apuntaron que (R)si hubiera existido una complicidad de Martínez de Perón con los militares "no hubiera sido necesaria la toma del poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976".
 
Los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira buscaban imputar a la ex mandataria  por considerarla "responsable de todo lo ocurrido entre febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976". Los imputados que serán juzgados desde mayo son Roberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique Del Pino, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Figueroa, Carlos Delia Larroca y Néstor Castelli.

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