El operativo de allanamiento realizado por efectivos de la policía Metropolitana a la inmolibiliaria de Máximo Kirchner, candidato a diputado por Santa Cruz, fue financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según un informe realizado por el canal de noticias C5N.
El procedimiento presentó dos irregularidades básicas. En primer lugar, la actuación del propio Bonadio, quien por fuera de los procedimientos que indica la ley dejó a cargo del gobierno porteño los costos de la operación, en lugar de requerir los fondos al área correspondiente de la Corte Suprema de Justicia la Nación; en tanto que la otra irregularidad consisitió en la propia utilización de una fuerza de seguridad que no tiene jurisdicción en el territorio donde se realizaron las búsquedas de documentación ordenadas por el juez.
La empresa de turismo que realizó las reservas en el hotel 'El Comercio' de la capital santacruceña a nombre de "pasajeros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" es 'Furlong Fox', una operadora turística que suele trabajar con el macrismo, según se advierte en la información institucional que figura en su página web y en las órdenes de contratación del Gobierno de la Ciudad.
Uno de los correos electrónicos revelados en el informe periodístico, firmado por una de las ejecutivas de cuenta de Furlong, solicita la reserva para 50 hombres y "por ahora solo 4 mujeres", a quienes recomienda "tomarlas a ellas en dobles" (sic), adjuntando además el listado de los pasajeros que viajarían.
Por otra parte, fuentes judiciales negaron a C5N que el magistrado haya solicitado pedido alguno para financiar el costoso procedimiento y la erogación millonaria que implicaba el desplazamiento de la fuerza metropolitana.
