El Correo Argentino presentó una nueva oferta de pago por su abultada deuda con el Estado pero no cambió mucho las condiciones respecto a la presentada en 2016 que fue considerada como "abusiva" por la fiscal Gabriela Boquin ya que los calculos por inflación y devaluación hacen "una condonación de la deuda" por más de $4277 millones.
En la presentación que realizó en las últimas horas la empresa que es parte del holding de la familia Macri repitió su compromiso para el pago "del 100% de la deuda nominal en 15 cuotas anuales con el 7% de interés". Pero
a diferencia de lo presentado en 2016 se comprometen a pagar las dos primeras cuotas en único pago dentro de los 30 días posteriores a que el acuerdo sea homologado.
La idea de abonar en único pago una suma que rondaría los seis millones de pesos, es considerada por los abogados del Correo como una mejora considerable en la oferta. Según comentaron al diario La Nación
"con la oferta de 2016 hubiéramos pagado la primera cuota en enero de 2019. De homologarse este acuerdo, en cambio, cancelaríamos las primeras dos cuotas antes de fin de año".
La empresa de la familia de Mauricio Macri propuso a modo de pago adicional una erogación en concepto de interes por 1784 millones de pesos amparandose en la tasa pasiva del Banco Central.
Pero esta cifra según estipula en la oferta está sujeta a condiciones, como la quita del 30% sobre el capital y los intereses.
Si se analiza bien lo que propone Correo Argentino SA se ve que
desembolsarán esta cifra solo si reciben una indenmización por los bienes que la empresa reclamó tras la estatización realizada en 2003.
"Si el pago indemnizatorio del Estado alcanzara para la cancelación total del reconocimiento adicional (los $1784 millones), Correo Argentino lo cancelará en su solo pago", señalan en el escrito.
Ahora el Estado deberá dar una respuesta a la oferta presentada por el Correo, Mauricio Macri deberá moverse con delicadeza para evitar infringir lo dispuesto en el
decreto 201/2017 que refiere a los casos en que vinculación "entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo".
Primero deberá intervenitr la Procuración del Tesoro de la Nación pero también deberían expedirse la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, la Sigen y la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso. Tendrán un plazo de 45 días para decidir sobre uno de los principales negocios de la familia presidencial.
