El fiscal federal Germán Moldes pidió expresamente al Gobierno de Mauricio Macri que dicte nuevas leyes para que quienes sean detenidos en manifestaciones no puedan ser excarcelados. El escrito llega después de apelar el sobresimiento de cuatro personas que fueron detenidas en la cacería que desataron las fuerzas en la marcha del 1 de septiembre en reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado.
"La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes –lo que corresponde a otros Poderes del Estado", sostuvo Moldes en un escrito que presentó ante la Cámara Federal donde argumentó que los detenidos "tiraron piedras y tuvieron una actidud hostil".
"Se advierte de los descargos de los imputados que
ninguno fue detenido por encontrarse desempeñando tareas como miembro de prensa, actividad o profesión que tampoco pudieron acreditar -más allá que se hayan secuestrado dos cámaras de fotos y un chaleco-, sino que sus descargos
solo muestran sus intenciones de mejorar sus respectivas situaciones procesales y que sus detenciones obedecen a su acreditada participación activa en el coordinado ataque y enfrentamiento a las fuerzas del orden", argumentó el fiscal alineado al Ejecutivo.
Moldes pide explicitamte que se endurezcan las leyes y toma como excusa el evento que organizará la Argentina en 2018 cuando sea sede de la
cumbre mundial del G20. En la misma línea
pide "no dejar margen" para aquellos jueces "enrolados en la dañina docrtina del garantismo" al criminalizar a los manifestantes argumentando que "muy pronto volverán a agredir a la sociedad y a tratar de conmover el Estado de Derecho".
"En ellas
deberán preverse como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad –mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia-; concurrir munidos de palos, armas caseras, 'armas tumberas' u otros objetos similares; participar en una agresión orquestada y premeditada generando daños a las personas y a los bienes públicos o privados", concluye la propuesta del fiscal que arrancó con los primeros embates de persecusión política por parte de la Justicia.
