A pesar de que
José Torello, el jefe de los asesores del presidente
Mauricio Macri, aseguró que "no hay corrupción en el Gobierno" y que "es todo transparente", la justicia parece no adherir a esta hipótesis. En este caso,
el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado por el fiscal Juan Zoni tras la de misión del bono de deuda que van a pagar 25 gobiernos nacionales durante un siglo, tras una denuncia realizada por diputados nacionales del Frente para la Victoria.
El fiscal pidió al juez federal
Ariel Lijo, quien está a cargo de la causa, investigar la emisión de deuda pública y disponer una serie de medidas y diligencias de prueba. Hasta el momento,
el Gobierno no hizo públicos los términos de la emisión de la deuda, lo que acarreó críticas y sospechas sobre la legalidad y la adecuación al interés nacional de la emisión.
La denuncia fue presentada por diputados del FpV, que también habían denunciado ante Lijo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Por ahora, Zoni solamente imputó a Caputo "sin perjuicio de que con el avance de la investigación surjan nuevas personas como partícipe, autor y colaborador en los hechos investigados".
"El presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas", aseguró el fiscal en su escrito.
A la vez, sostuvo que "corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos".
Según los denunciantes,
la emisión que paga un cupón de 7,125% por 100 años es "una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones".
"Esta escandalosa operación financiera que perjudica objetivamente los intereses argentinos, y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del Estado llevado a cabo por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; y los ministros Luis Caputo y Nicolás Dujovne", agregaron los denunciantes.
