Mientras en el gobierno de María Eugenia Vidal evalúan alternativas para
congelar la ley provincial que oficializó la expresión “dictadura cívico-militar” y la cifra de 30.000 desaparecidos al referirse al último gobierno de facto, su vice –Daniel Salvador- hizo explícita esa postura y planteó que “no se puede establecer por ley el número de desaparecidos”.
Así, el vicegobernador bonaerense coincidió con el arzobispo platense, monseñor Héctor Aguer, quien también se manifestó en contra de la normativa provincial. En los últimos días ya había trascendido el malestar generado al interior del vidalismo contra lo establecido por esa ley, pese al contundente mensaje que dio la sociedad en defensa de las premisas de memoria, verdad y justicia, al repudiar masivamente el fallo de la Corte Suprema que habilita el beneficio del 2x1 para genocidas.
En declaraciones a Radio Cooperativa, Salvador se refirió a la ley sancionada por la Legislatura bonaerense y promulgada por el Ejecutivo que determina que las publicaciones oficiales deben consignar como "cívico-militar" a la última dictadura y el número de 30.000 junto a la expresión "desaparecidos" y la consideró "violatoria de la libertad de expresión". De todos modos, aclaró que no participaría de un debate en torno a la cantidad de víctimas de la última dictadura cívico-militar.
"Esos hechos hacen que lo numérico no pueda ser considerado como un punto de discusión. La verdadera profundidad que tuvo (el golpe de Estado) quedó reflejada en el informe del 'Nunca Más'. Un número u otro, impuesto por ley no es el camino", sostuvo. Y agregó:
"Querer establecer una verdad por ley me parece que no corresponde bajo ningún punto de vista".
Sobre la ley ya aprobada, explicó que "el proyecto pasó por ambas Cámaras, una de las cuales presido yo, y finalmente se convirtió en ley con la decisión casi unánime en el recinto" pero aclaró que "ello no quita que se pueda cambiar ese criterio con otra ley".
La norma, cuyo autor fue el senador y ex intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez, establece que se incorporará “de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el término ‘Dictadura Cívico-Militar’ y el número de 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
