Esta semana se desató una gran polémica en torno a una declaración del precandidato a presidente por el Frente UNA,
Sergio Massa, quien dijo que en nuestro país un preso cobra un 46% más que un jubilado y utilizó este argumento para remarcar una de sus promesas de campaña: lograr el 82% móvil.
En declaraciones con radio La Red el dirigente afirmó:
"Queda claro en el Código procesal, queda claro que en el Código Penal, y queda claro en el sistema de multas, que al Gobierno le interesan más los presos que los jubilados". Además criticó que se les paguen los sueldos mensualmente y dijo que no está previsto un resarcimiento a la víctima.
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico una persona con una pena de prisión está privada de su libertad ambulatoria, pero no del resto de sus derechos como a la salud, a la educación y también al trabajo. Asimismo, la Ley 24.660 de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, sancionada en 1996, consagra la posibilidad de ejercer un labor remunerado dentro del establecimiento penitenciario y establece que cuando
"los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate".
Por otra parte, la afirmación realizada por el líder del Frente Renovador queda descartada por el artículo 121 de la normativa, que ordena que de la retribución obtenida se harán las siguientes deducciones:
un 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; un 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil; 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento; un 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.
Para esclarecer esta polémica, Política Argentina dialogó con Mario Juliano, Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, quien opinó sobre las declaraciones realizadas por Sergio Massa y sostuvo:
“Se hace ver como que los presos cobran un sueldo por el hecho de estar presos, los que cobran son los que trabajan que lamentablemente no son todos”. Luego, agregó:
“Probablemente Massa entienda que un jubilado tiene que cobrar más que un trabajador en actividad. Esto hay que explicarlo, a ver cuál sería el modelo de sociedad donde los jubilados ganen más que los trabajadores activos”.
Además, subrayó:
"Sergio Massa hace muy poco que se recibió de abogado y probablemente no le haya quedado demasiado fijado los conceptos y la Ley de Ejecución Penal". También, indicó que el dirigente es legislador, por lo que podría haber presentado un proyecto para modificarlo.
En consecuencia, explicó que “
el trabajador privado de su libertad debería tener exactamente los mismos derechos que un trabajador libre y debe cobrar aguinaldo y asignaciones familiares”, aunque esto no se materialice en la práctica. En ese sentido,
alertó que en la mayoría de los casos es trabajo en negro y no tienen aportes para la jubilación.
Los rubros laborales más frecuentes son las fábricas de zapatos, panificadoras y el armado de bloques de ladrillo. Muchas empresas privadas se establecen intramuros y la mano de obra que allí reside, pero al no cumplir con los derechos laborales como corresponde, los empresarios obtienen grandes beneficios, por lo que el juez advirtió:
"El trabajo humano debe ser remunerado , sino se llama esclavitud y cuando es sub-remunerado es explotación. Eso es lo que ocurre en estos establecimientos”.
Uno de los principales objetivos de la prisión es la resocialización de la persona que ha violado la ley, es por eso que Juliano
resaltó la responsabilidad del Estado y la necesidad de modificar el sistema penitenciario vigente si lo que se pretende es que las personas puedas reinsertarse en la sociedad.
Sin embargo, la realidad demuestra que
el universo de personas que están presas y trabajan es realmente muy pequeño. Según el último informe anual del 2013 del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de Pena,
en el país hay 64.258 personas privadas de su libertad, sin contar las que se encuentran alojadas dentro de las comisarías, siendo
la provincia de Buenos Aires la que lidera la tabla con un récord histórico de casi 35 mil. No obstante,
solo el 19% del total trabaja al menos 40 horas semanales.
Gráfico del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de Pena
