La “inseguridad” suele ser uno de los ejes más cuestionados tanto al Gobierno nacional como al provincial y en año de elecciones los discursos de los candidatos se cargan de consignas electorales que proponen abatirla, generalmente a través de la mano dura. Asimismo, los medios de comunicación reproducen el mito de “la puerta giratoria”, argumentando que las personas que delinquen no reciben ningún tipo de sanción ni son privadas de su libertad.
Sin embargo, un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desecha esta teoría y da cuenta de una realidad alarmante: la provincia de Buenos Aires tiene un récord histórico de presos. Según un relevamiento realizado sobre el período de tiempo 2013-2014 en el territorio bonaerense hay al menos 35.000 mil personas privadas de su libertad. Incluso, hay un dato que es aún más preocupante: solo el 39,6% de esa cifra tiene condena firme, mientras que el 60,4% tiene prisión preventiva. Asimismo, se registran 584 muertes y 20.986 denuncias por casos de tortura.
Uno de los factores que provocó ese incremento se debe a la declaración de la emergencia en seguridad, dictada por Daniel Scioli en abril del 2014. En esa oportunidad, el gobernador expresó: “
Esta declaración servirá para aplicarles todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes. Tenemos que ser dinámicos para perserguir, atrapar y encarcelar criminales”. En consonancia, se aumentó en forma significativa la cantidad de policías en las calles.
Roberto Cipriano, miembro de la CPM, indica que hoy hay un índice de crecimiento de la población carcelaria similar al del 2001 y sostiene que la emergencia provocó que esos números asciendan en situaciones escandalosas de hacinamiento y de condiciones inhumanas de detención. A pesar de eso, aseguró que no se logró bajar el índice de delitos.
En ese sentido, Cipriano consideró que existe una relación directa en el incremento de las fuerzas y en la de los detenidos y señaló que
en la Provincia la política de seguridad es “regresiva” en materia de derechos humanos y “centra toda la estrategia en la saturación policial”. Además, advirtió que dicha institución tiene serios problemas de corrupción y utiliza prácticas autoritarias que tienen que ver más con la dictadura que con la democracia, adoptando la violencia como una herramienta de control de ciertos sectores de la población.
En la misma línea, alertó:
“No se reduce el delito por poner más policías. Lo único que hace es incrementar la violación de derechos de determinados sectores de la población y eso impacta en mayor cantidad de personas detenidas”. En consecuencia, subrayó que no se atrapa a las grandes redes delictivas, sino que los que van a poblar el sistema penitenciario son aquellos que cometen delitos pequeños.
En reiteradas oportunidades los medios de comunicación acusan en forma peyorativa a los jueces de “garantistas” cuando liberan a un detenido, pero el informe de la CPM revela que más de la mitad de los que están privados de su libertad no han recibido una condena y continúan en un estado de incertidumbre mientras que su situación legal duerme dentro de un expediente por largos períodos de tiempo.
Es por eso que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),la abogada Eva Asprella, argumenta:
“Los jueces no pueden no ser garantistas porque tienen la obligación de aplicar las garantías constitucionales. Las personas tienen derecho a ser liberadas, de manera condicional, transitoria o definitiva, pero tiene derecho”. Además, subrayó que si bien desde los organismos de derechos humanos se trabaja exhaustivamente contra las violaciones a los derechos humanas, el Gobierno el que debe gestionar las modificaciones a través de las medidas pertinentes.
En consecuencia, explicó que en la Provincia para que se libere a un detenido primero el fiscal debe tener una entrevista personal, lo que significa una dilatación en la cantidad de tiempo en la que una persona está detenida, por lo que sostuvo
: “La regla debería ser la libertad y la prisión la excepción”, aunque en el territorio bonaerense esto se aplica a la inversa.
Otro de los aspectos que cuestionan desde el CELS es la cantidad de personas detenidas en comisarías, que según los últimas cifras informadas sería de 1.900. En ese sentido, Asprella insistió:
“No puede haber ni una persona detenida en comisarías porque no es un lugar para detener a una persona por períodos largos, solo puede ser transitorio”.
Consultada por la posible falla en las políticas sociales de contención, aclaró: “
Esto no tiene que ver con políticas de inclusión, tiene que ver con políticas de encarcelamiento. Hubo una presión muy fuerte en Buenos Aires hacia ciertos aspectos que directamente redundaron en la práctica de encarcelamiento”.
Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia destacan los avances realizados en materia penitencia y aseguran que “
se logró un descenso del 73% en la cantidad de detenidos en comisarías” y destacan que
“se implementaron dos nuevos modelos de alojamiento penitenciario: Alcaidías y Casas por Cárceles, que recibieron múltiples menciones y reconocimientos de organismos internacionales”.
A pesar de que el informe de la CPM da cuenta de una superpoblación carcelaria en algunos establecimientos, desde la cartera que dirige Ricardo Casal aseguran que en el último tiempo
“se incorporaron 11.000 plazas lo que permitió mejorar las condiciones de alojamiento”. Además, indican que
“si se compara con la situación en el año 2004/2005, la cantidad de detenidos en la Provincia se incrementó en 4.525”.
Mientras tanto, recientemente Daniel Scioli encabezó un acto por el egreso de una nueva camada de policías en Lanús. A pesar de los cuestionamiento a la estrategia integral de su política de seguridad, en su discursó demostró que se seguirá por el mismo rumbo y expresó:
"Ustedes representan la mayor renovación cualitativa y cuantitativa de la historia de la Policía Bonaerense. HAy que duplicar la presencia policial".
