30.01.2024 / Diputados
Ley ómnibus: el proyecto será debatido este miércoles en una sesión especial
La sesión está convocada para mañana a las 10 y todavía el oficialismo no cerró las negociaciones respecto a temas claves para la oposición dialoguista. La coparticipación del impuesto al Cheque o el País para las provincias en el centro de la discusión que el Gobierno no quiere dar.
En medio de las tensiones entre el oficialismo y la oposición dialoguista, la Cámara de Diputados convocó para el miércoles próximo a las 10 a una sesión especial para finalmente debatir de la ley ómnibus.
El Secretario Parlamentario del cuerpo, Tomas Figueroa, oficializó la citación a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, que se estima que demandará unas cuarenta horas de debate, debido a que expondrán más de 200 legisladores en el análisis en general y habrá una extensa discusión en particular.
El cronograma de la sesión se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 19 y que será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con los jefes de bloques parlamentarios. Allí definirán si habrá un cuarto intermedio en la sesión o se hará sin ninguna interrupción.
LA NEGOCIACIONES ENTRE DIALOGUISTAS Y LA ROSADA
Si bien, gracias a las conversaciones que mantuvo el oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió retirar del proyecto el paquete fiscal que planteaba aumentos de retenciones y un sistema nuevo de ajuste de las jubilaciones, entre otras cosas, todavía hay tensión.
Las diferencias y trabas refieren a la cantidad de materias de la emergencia pública, el sistema de privatizaciones, las leyes de pesca, de biocombustibles, reformas al Código Civil y Comercial.
Menem tuvo este martes, junto a funcionarios del Gobierno, reuniones con la oposición dialoguista (UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) para ordenar el tratamiento y superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos.
Así, se reunió con la diputada radical María Soledad Carrizo junto Alejandro Cacace -asesor del bloque de la UCR-, luego con el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, y posteriormente con el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto.
A la tarde también hubo otra reunión para acordar los puntos en disidencia entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, gobernadores de Juntos por el Cambio, el mandatario de Córdoba Martín Llaryora, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y Pichetto, en el Consejo de Inversiones Federal de Inversiones. Que produjo un malentendido.
Allí, los gobernadores cambiemitas pidieron la coparticipación del impuesto País, que en la actualidad deriva los recursos a rentas generales. Algo con lo que insisten los mandatarios luego de que el Gobierno reiterara en diferentes ocasiones que las provincias deberán sufrir un mayor ajuste.
Ayer, Francos escuchó la propuesta de coparticipar el 30% del tributo que se cobra a la compra de dólares -que se calcula recaudará unos 6 mil millones de dólares este año- y lo dio como probable si avalaban la lista de privatizaciones. Los gobernadores y representantes de bloques de diputados dialoguistas lo interpretaron como un hecho y salieron a celebrar por anticipado. Mientras que desde el Ejecutivo salieron a desmentirlo.
La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024
Lo cierto es que la eliminación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores les generó un problema fiscal a los gobernadores. La Casa Rosada lo quiere solucionar reponiendo Ganancias, pero los mandatarios no están dispuestos a pagar el costo político, por lo que plantean otras soluciones como coparticipar el impuesto al Cheque o el País. Si bien pareció una buena propuesta para el ministro del Interior el acuerdo no existió.
"Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley", dijo al salir de la reunión Francos.
El concenso con los bloques dialoguistas es clave y necesario para el oficialismo, ya que la LLA tiene 38 legisladores y puede sumar unos 7 votos de bancadas menores, con lo cual requiere del consenso de otros bloques para tener el quórum de 129 para habilitar la sesión y luego una mayoría para aprobar el proyecto en general y cada uno de sus artículos.
En cuanto al tema de las facultades delegadas que genera tensión y es principalmente cuestionado por la oposición peronista, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aun había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.
Otro punto donde todavía hay desacuerdo es el artículo que propone la privatización de unas 40 empresas, ya que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.
En cambio, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay un principio de acuerdo para que acciones de empresas privadas queden en manos del FGS y el Gobierno podrá avanzar en la consolidación de la deuda.
Otro punto que se acordó dejar afuera del proyecto y tratarlo en sesiones ordinarias con la reforma política son los cambios al sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR, y Hacemos.
Para el oficialismo había acuerdos sobre Ios capítulos referidos a la emergencia y reorganización administrativa, la Oficina anticorrupción, las modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos, la desregulación económica, la ley de entidades de seguros, la ley orgánica de asociaciones mutuales, Jubilaciones y pensiones de privilegio.
También sobre los capítulos del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, Régimen de transparencia fiscal al consumidor, y Promoción registrado, financiamiento de la educación, y sobre el Incaa, Instituto nacional de la música, Instituto nacional del teatro y Fondo nacional de las artes.
Aunque se mantienen los desacuerdos sobre impuestos internos, en los regímenes de biocombustibles, Régimen Federal de Pesca, Biocombustibles, divorcios no contencioso para que no se requiera un abogado.
También se modificó el capitulo que se refiere una reorganización de la administración pública nacional y de allí se eliminó la facultad para poder disolver las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 como INTA y CONICET, entre otros. Si se mantiene el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
El dictamen, también mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.
Y la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.
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