05.12.2018 / JUDICIALES

La Justicia declaró inconstitucional la resolución de Bullrich que legaliza el gatillo fácil

La iniciativa del Gobierno "afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional", denunciaron desde los organismos de Derechos Humanos.



La determinación del juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, de declarar inconstitucional la resolución de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que legaliza el gatillo fácil, fue tomada tras una presentación por parte de distintos referentes de organismos de derechos humanos.

Por su parte, Myriam Bregman, referente del CeProDH y Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto a María del Carmen Verdú, reconocida abogada y luchadora contra la represión estatal y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, presentaron ante la Justicia un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

Cabe recordar que la iniciativa del Gobierno, que legisla de facto en materia penal, lo cual es atribución exclusiva del Poder Legislativo, contempla la aplicación de pena de muerte en casos que exceden ampliamente la “legítima defensa”, la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza y/o el medio empleado para repeler una eventual agresión del particular (art 34, inc 6° Código Penal), o el denominado “cumplimiento del deber”.

En su poresentación, las representantes de organismos de derechos humanos, indican que "la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales", por lo que solicitan "con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución".

En ese sentido, advirtieron que "afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional. Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas".