El
primer aniversario de la desaparición del submarino
ARA San Juan, sucedido el 15 de noviembre de 2017, llegó con
mucho enojo de las familias de los tripulantes con el Gobierno y con Mauricio Macri, con una empresa norteamericana que extendería la búsqueda hasta febrero de 2019 pero con explícitas intenciones de abandonarla cuanto antes, y sin tener imputados en la megacausa judicial que tiene a la Armada en la mira.
LA BÚSQUEDA
La última ubicación reportada fue a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa, en el Golfo San Jorge, al sudeste de la Península Valdés y unos 1.300 kilómetros al sur de la capital argentina. Desde ese día se montó un operativo de enorme escala y con colaboración internacional para la búsqueda. Se sumaron aeronaves y embarcaciones nacionales y extranjeras.
Varios países comenzaron a brindar su colaboración con aviones, radares, barcos y otros navíos equipados con tecnología de vanguardia. Llegó ayuda desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Rusia y Noruega.
Luego de 15 días,
la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa comunicaron la culminación del caso SAR (Search and rescue, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo "el salvamento de personas, con el fin de preservar la vida humana".
"En total, participaron 28 buques, 16 de la Armada Argentina; 9 aeronaves, 3 de la Armada Argentina; 4 mil hombres, 3200 de la Armada Argentina, sumando un total de 18 países", informó el parte oficial.
Desde entonces, se apuntó a hallar la nave y ya no a encontrar personas vivas. Se hizo una reestructuración de personal y material. En aquel momento, en el área de operaciones haciendo el mapeo –en una búsqueda concentrada de 40 kilómetros de radio– continuaron cinco unidades.
En agosto pasado, tras una incomprensible demora con argumentos burocráticos por parte el Gobierno, el Ejecutivo contrató a la empresa estadounidense Ocean Infinity para continuar con las tareas de rastrillaje. La compañía dispone del buque noruego Seabed Constructor, equipado con cinco submarinos robóticos que pueden sumergirse a 6.000 metros de profundidad, filmar y recolectar datos en alta resolución.
En el contrato firmado por las partes se establece que sólo cobrarán 7,5 millones de dólares si logra encontrar al ARA San Juan. Tiene un plazo de 120 días para hallarlo.
La firma intentó abandonar la tarea antes, con una oferta a pagarse en dólares en Brasil, pero la presión mediática y -tardía- del Gobierno frenó la iniciativa. Concluido dicho periodo, podría haber una prórroga del contrato por otros 60 días operativos, que se espera se extienda hasta febrero.
LA MEGACAUSA JUDICIAL
Un solo dato es concluyente respecto de qué se logró a través de la investigación de la justicia hasta el momento en estos 365 días:
llegará sin tener imputados. “No hay fecha estimada aun para que eso ocurra. Vamos bien, pero faltan investigar aspectos fundamentales como la anomalía (hidroacústica), ver cómo finaliza la actuación disciplinaria y como no esperar a que se pueda encontrar el submarino que pueda arrojar mayor certeza”, sostuvo la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, en una entrevista con Perfil.
¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta la magistrada? Según diversas fuentes, es la propia (falta de) colaboración de la Armada Argentina. ¿Por qué?
Prácticamente todas las declaraciones testimoniales que brindaron desde aquella fuerza no tienen valor. Es que del total de casi 50 personas que declararon ante Yáñez, casi no se rescatan aportes sustanciales a la causa. “No me acuerdo”; “No sé”; “Habría que preguntarle a otro”, y ese tipo de respuestas evasivas son las que más se oyeron en el juzgado.
La sequía de aportes del Seabed Constructor, también representa un serio obstáculo para la Justicia. Sin definiciones que provengan del fondo del Mar Argentino, la jueza tiene el desafío de saber qué ocurrió aquél día con los pocos elementos disponibles. No obstante, la megacausa ya acumuló un total de 14 cuerpos y 60.000 fojas y las declaraciones de 70 testigos, entre la tripulación del ARA San Juan que no embarcó, la comisión investigadora. También realizó varios allanamientos, la Base Naval de Mar del Plata incluída.
Yañez analizó desde el estado operativo del submarino hasta las reparaciones que presuntamente se han realizado hasta poco antes de su último viaje. Además, analizó la auditoría del Comando de la Fuerza de Submarinos, entre otras cosas. Doce días después de la desaparición del navío, al primero que llamó a declaración testimonial fue al ministro de Defensa, Oscar Aguad, bajo juramento de decir la verdad.
“Aportó la organización del ministerio de que dependía cada cosa, cómo se anotició del hecho, qué le dijeron y todo lo que sume sobre qué pudo haber pasado con el ARA. No creo que su comisión pueda llegar a saber qué pasó”, dijo la jueza.
Desde el comienzo, una de las mayores críticas que recibió la magistrada es con respecto a cierta “lentitud” con la que maneja los tiempos de la causa. A los cuatro meses se encargó de explicarles qué estuvo haciendo a los familiares a través de una videoconferencia: “Quería que me conozcan a mí y a mi equipo y sepan que la causa no se durmió”, explicó.
El desafío para Yáñez es mayúsculo: en los siete años al frente del juzgado jamás lidió con un caso de semejante envergadura, con ribetes tan técnicos y frente a actores de poder como la Armada, por ejemplo. Por lo pronto, todos los cañones judiciales apuntan hacia el contraalmirante Luis López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide.
