Cualquier gestión de gobierno, sea bajo la administración Cambiemos u otro, debe ser evaluada centralmente por cómo construye y ejecuta sus presupuestos, ya que allí se puede observar realmente a qué áreas, sectores y colectivos sociales orienta la inversión pública determinando los “ganadores y perdedores” para cada etapa.
El proyecto de presupuesto nacional para 2019, elaborado por el gobierno bajo un fuerte condicionamiento del FMI, presenta como principal definición un ajuste mayúsculo, con un claro perdedor: los sectores medios y populares.
En perspectiva,
este presupuesto no da una sóla señal que permita revertir el deterioro social actual sino que pone el corolario al último año de un periodo de gobierno signado por no haber mejorado ni un sólo indicador social ni económico heredado desde 2015.
En el plano específico del sistema de educación pública nacional, la evidencia es concluyente. A modo de ejemplo: en lo relativo a los renglones “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles” e “Infraestructura y Equipamiento” el recorte es abusivo. Entre los dos promedian un ajuste del 75% en términos reales.
Hubo un tiempo en que este gobierno, al menos en el discurso, planteaba la importancia de fortalecer el nivel inicial de ingreso al sistema educativo. Con esas palabras se argumentó que el Estado debía dejar de invertir en la televisación pública del fútbol (el extinto ”Fútbol para Todos”) para dedicar esos esfuerzos fiscales a la construcción de tres mil jardines públicos en todo el país.
Sabemos cómo terminó esa historia: la transmisión del fútbol volvió a ser un negocio privado con el pueblo cautivo y los tres mil jardines brillan por su ausencia.
El ajuste brutal en estos segmentos no sólo revela una falta de sensibilidad con la educación en sus primeros niveles, sino que expone a la comunidad educativa a situaciones de riesgo evitables, como sucedió en Moreno en donde dos trabajadores de la educación perdieron su vida por la falta de inversión pública.
Otro ítem del presupuesto en donde se realiza un ajuste significativo es en el “Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales”. Para 2019 cae un 23% en términos reales, sumado al ajuste real desde 2016, en donde los trabajadores de la educación de todo el país, llevan perdidos cerca de 8.000 millones de pesos de sus ingresos.
Este Fondo es el principal instrumento con el que cuenta el Estado Nacional para que no haya dispersión entre los ingresos docentes de una provincia del norte o del sur con respecto a Buenos Aires. El ajuste tiene como resultado la profundización de las inequidades salariales reflejadas en la distribución territorial del país.
Dicho de otro modo, la igualdad como objetivo de Estado, queda desdibujada frente a esta propuesta cuyo resultado es que cada jurisdicción financie lo que corresponda a su voluntad y capacidad, generando un sistema inequitativo y poco solidario.
La enumeración de los ajustes se ve en todos los ítems o renglones del presupuesto que lejos de ser un cuadro Excel refiere a personas: trabajadores, niños, niñas y adolescentes, insertos en algo vital para el presente y futuro de un país como es el sistema educativo.
El sistema universitario no queda excluido del ajuste. Evidencia de ello es que el conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por rectores cuyas identidades políticas son transversales, solicitó que se reformule la propuesta de Ley atendiendo especialmente aspectos como: el financiamiento para las universidades creadas en los últimos años y la pronunciada inequidad en la distribución entre universidades de los fondos de funcionamiento; el ajuste del presupuesto destinado a becas con el fin de acompañar la evolución de la variación de precios y que se recuperen los fondos para la construcción de obras de infraestructura que en 2018 se cortaron casi en su totalidad.
Si es sumamente preocupante el planteo general de ajustes para todos los niveles del sistema educativo público, más grave aún es que estos recortes se basan en los supuestos del pre-supuesto: un dólar para 2019 que cotiza menos que en los primeros días de octubre de 2018 y una inflación (23% entre los diciembres 2018 y 2019) difícil de creer dado el arrastre que generará una inflación por encima del 45% en 2018.
En decir que la propuesta de ajuste voraz que se presenta en el proyecto de Presupuesto 2019, ni siquiera podría ser el peor escenario, ya que si la inflación es mayor la erosión de los recursos destinados será aún más.
Ni qué decir de la idea del gobierno que pretende que los diputados discutan y voten un presupuesto ya modificado por el acuerdo entablado con el FMI, que fue posterior a su envío al congreso, que tampoco dieron a conocer en su letra chica. Ajuste y pérdida de soberanía, en un mismo movimiento.
Hay una sola actividad en donde el presupuesto crece en términos reales para 2019: el pago de servicios de deuda, pasando de un 2,9% del PBI en 2018 al 3,3% en 2019. Este dato confirma el sendero que viene recorriendo la administración Macri en los últimos meses.
Evaluar entonces una gestión de gobierno por sus presupuestos, nos permite concluir que la administración Cambiemos, por más marketing, timbreo y focus group, no se trata de una experiencia innovadora y diferente. En los hechos, no es más que una experiencia neoliberal, clasista, con una clara intención de perjudicar a las mayorías y favorecer a un acotado grupo de amigos millonarios.
El gobierno no puede orientar todos sus esfuerzos de gestión en favorecer a quienes se beneficiaron de las bicicletas financieras. Debe generar mecanismo que desarticulen la desigualdad social, lo opuesto a este proyecto de presupuesto que la cristaliza institucionalmente.
Llamamos a las oposiciones a esta administración a que no convaliden este presupuesto, a la vez que esperamos que sectores que integran este gobierno reflexionen sobre el ajuste voraz que pretenden imponer a la sociedad.
