En 2016, último dato publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, murieron 254 mujeres embarazadas por diferentes causas. De ellas, el 17,6%, o sea 43 mujeres, murieron por abortar, lo que lo ubica como la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. Por ello la importancia del debate en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en ambientes seguros, que no pongan en riesgo la vida de la madre.
Según un informe elaborado en 2005 por Amnistía Internacional, en nuestro país se realizan entre 486 mil y 520 mil abortos por año. Esto es, 0,68 abortos por cada bebé nacido vivo. El estudio fue realizado por dos demógrafas, Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación.
Por otro lado, un informe de la
OMS (Organización Mundial de la Salud) y el
Instituto Guttmacher, publicado el año pasado, reveló que
“de 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año” y que “la mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina”.
Además, en ese mismo informe, la OMC señaló que
“en los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos”.
En Uruguay, el aborto es legal desde el 2012 y es uno de los países con menor tasa de mortalidad materna del continente.
Entre 2001 y 2005, en el país oriental el 37% de las muertes maternas fue por abortos. Con la legalización de esa práctica, el porcentaje se redujo al 8%.
