La Oficina Anticorrupción debe fiscalizar el mapa del Estado para vigilar que no se produzca ningún hecho de corrupción pública en la designación de personal, como en las contrataciones que puedan generar un sobreprecio o coima para un funcionario. Su titular, Laura Alonso había adelantado en las últimas semanas que modificarían la ley de ética pública para evitar casos de conflicto de interés como sucedieron con los ministros Juan José Aranguren y Luis Miguel Etchevehere, además del propio Presidente Mauricio Macri con el correo familiar.
Según difundió el diario Página 12, la OA contrató a
la empresa Consuasor -fundada en 2005- como agente de prensa del organismo. En su página web la empresa aclara que entre sus servicios está el lobbying, la representación de intereses privados ante el Estado algo justamente vedado por la propia depedencia de control público.
"Brindamos informaciónìn sensible, imparcial y detallada sobre decisiones relevantes de gobiernos y parlamentos de Latinoamérica para quienes toman decisiones. Con un enfoque profesional, original y ético del lobbying en tanto gestión de los intereses de nuestros clientes ante los gobiernos, ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para sus proyectos”,
resalta la empresa privada en su web.
El artículo 2 de la ley de Etica Pública, directriz de la OA, establece que el funcionario debe
“velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”.
En tanto,
el artículo 13 impone que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”.
El vínculo de la empresa con el PRO se remonta a los tres socios fundadores: el primero fue Juan Gentile, joven fallecido en 2017 quien se desempeñaba como subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Macri y anteriormente lo había hecho en el Congreso. Facundo Sosa Liprandi fue gerente de Comunicaciones del PAMI entre 2012 y 2015 bajo la dirección de Luciano Di Césare, durante el gobierno anterior. Mientras que Alejandro Giúdice, es exjefe de Relaciones Institucionales de Walmart.
