El Gobierno de Mauricio Macri autorizó a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta 20 mil millones de dólares y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres, renunciando así a "oponer la defensa de inmunidad soberana".
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, mediante el
decreto 334/2017. A raíz del viaje del jefe de Estado a China, lleva la firma de la vicepresidenta a cargo del Ejecutivo, Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
La justificación oficial para la polémica decisión apunta a "una estrategia financiera integral y del programa financiero para el Ejercicio 2017" que "estima conveniente aprovechar ciertas circunstancias de los mercados financieros internacionales, a efectos de concertar operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior".
La norma habilita a incluir "cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y/o de los tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos".
El texto aclara que "la renuncia a la inmunidad soberana" no implica "renuncia alguna respecto de la inmunidad con relación a la ejecución" de "cualquier reserva del Banco Central", de cualquier bien público localizado en territorio argentino o los alcanzados por privilegios e inmunidad diplomática, entre otros.
No es la primera vez que el Gobierno de Cambiemos opta por renunciar a la inmunidad soberana a cambio de tomar más deuda.
Ya lo hizo en enero de este año, por el mismo monto y ante los mismos tribunales estadounidenses y británicos.
Ni entonces ni ahora se incluyeron los recursos naturales entre los bienes inembargables. Por aquellos decretos de principios de año, tres letrados denunciaron al Presidente por defraudación y abuso de autoridad.
La denuncia en su momento fue realizada por los abogados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti, quienes advirtieron que los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores externos.
