En noviembre pasado, la Cámara de Diputados, dió media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal, impulsado por el diputado Luis Petri (Cambiemos), que tiene por objetivo transformar radicalmente la concepción del sistema penal y para esto reducir los derechos de los detenidos y, de esta manera, limitar sus posibilidades de reinserción social.
En diálogo exclusivo con Política Argentina, Mariano Guitierréz, abogado, investigador del Instituto Gino Germani, profesor de la UBA e integrante de Asociación Pensamiento Penal explicó las consecuencias de esta modificación y resaltó que
"es una ley 100% demagogica, que busca patear una crisis hoy para que no explote antes de la próxima elección".
Uno de los puntos centrales de la modificación de la ley es endurecer las penas prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias de imputados por delitos de homicidio, de índole sexual, o robo con armas. En este sentido Guitierrez explicó que
"la reasociabilización es lo único que tenes para evitar que las cárceles se conviertan en algo puramente destructivo, que eviten que quienes salgan de ahí lo hagan con una trayectoria de violencia mucho peor, asegurada y prolongada".
Por su parte el especialista en criminología destacó que "se sabe que esta ley no va a producir nada en términos de mejoras en la seguridad" y añadió: "La inseguridad siempre pone en jaque a todos los gobiernos porque, en general, ninguno ha podido resoverla porque la resolución es un problema más complejo y a largo plazo".
"Este Gobierno tenía estas reformas guardadas y con este caso particular (asesinato de Micaela) busca demostrar que quiere hacer algo pero para lo único que sirven estas reformas es para que una crisis de la seguridad o un escándolo por un hecho puntual no te termine afectando a vos (gobierno), si no que termines pudiendo capitalizarlo a favor a nivel de imagen pública", señaló.
En esta línea, en diálogo exclusivo con Política Argentina, Andrea Casamento, integrante de la Asociación de Familiares Detenidos en Cárceles Federales (ACiFaD) sostuvo: "Urge tratar agresiones sexuales, pero dividamos las aguas. A raíz de una hecho tristísimo que pasó a ser mediático empiezan a salir soluciones parches". Además consideró que la modificación de la ley 24.660 que propone el Gobierno es totalmente "regresiva".
En este sentido Guitierrez consideró que "hoy estamos en un proceso de destrucción de derechos en general.
"Quitar las salidas transitorias es una manera de agravamiento de las penas. En vez de tocar la ley penal para agravar las penas por delitos en particular, lo que están haciendo en forma encubierta es agravar las penas", añadió.
Por otro lado el investigador del Gino Germani dijo que
"a medida que empeoran las condiciones económicas, hay rupturas de trayectorias vitales, se busca la autoafirmación en el castigo del otro". Además sostuvo que con esta modificación los problemas serán mayores dado que generaran mayor hacinamiento en las cárceles y por tanto rebeliones, motines e inseguridad, pero como es un costo que no se paga a tan corto plazo, lo podes patear".
"Lo que se busca es aparentar dar una respuesta dura al crimen, no se piensa en los resultados. Aunque se sabe que esto va a generar más victimas, que va a agrabar la situación, no importa", concluyó.
En este contexto
presos de la cárcel de Devoto y de otros penales federales comenzaron una huelga de hambre ayer en contra de este proyecto. Desde la unidad femenina 8 de Los Hornos también se sumaron a la jornada de lucha en "repudio a este proyecto que "viola flagrantemente el principio de progresividad de pena y atenuación de encierro que preveen de normativas de ejecución de pena".
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