Hace una semana, el proyecto de ley que busca regular los precios de los alquileres era votado por unanimidad en el Senado y los organismos que defienden los derechos de los inquilinos celebraban la media sanción. Siete días más tarde, reina la preocupación en ese sector: la vicepresidenta
Gabriela Michetti, titular de la Cámara alta, aún no habilitó con su firma que el proyecto baje a Diputados, cuando faltan días para el cierre del año parlamentario.
“No la firmó hasta ahora, pero las sesiones se extendieron y puede firmar hasta el 30 de diciembre. No estamos tranquilos, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar y teniendo reuniones con sindicatos y diputados para forzar la firma”, dijo el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, en diálogo con
Política Argentina. “Fue votada por unanimidad en Senadores. Sabemos que en Diputados se vota si entra. Lo que tenemos que hacer es forzar que baje. Eso es exclusiva decisión del Ejecutivo.
Si no se vota la ley, vamos a una crisis habitacional importante”, advirtió.
La demora de la vicepresidenta en permitir que el proyecto siga su curso va en línea con el reclamo del sector inmobiliario, que puso el grito en el cielo ante el avance de esta iniciativa. De hecho, hoy el diario La Nación publicó un
editorial en ese sentido: “El proyecto de ley de alquileres, otras mala señal”, donde se cuestionan los efectos de la medida.
“Hay una avanzada terrible del mercado. Intentan confundir, comparando esta ley con la de Perón. Pero si Perón lee esta ley nos acusa de imperialistas. Él congeló el precio de los alquileres y nosotros proponemos que suba al ritmo de la inflación”, contrastó Muñoz. “Tratan de confundir porque lo que no quieren realmente es que haya ley, quieren operar por fuera de la ley. Quieren definir sobre el rumbo de la economía en las viviendas”, agregó. Y lo ejemplificó con el editorial que publicó el matutino: “En la Cámara Inmobiliaria hay una sala que se llama Diario La Nación, en homenaje a Mitre. Son los mismos, son ellos”.
El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado por unanimidad el pasado 23 de noviembre establece, entre otros cambios, un
tope al precio de los alquileres: propone una actualización anual de los contratos a través de un índice ponderado que elaborará el Indec en base a la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), promediados en partes iguales. Pero la actualización operará sólo si existe una inflación superior al 10 por ciento. De lo contrario, no podrá indexarse y habrá que esperar a que se cumplan los años de contrato. La iniciativa fue presentada por la senadora rionegrina del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu y beneficiaría a los cerca de 6,5 millones de inquilinos en el país.
“Apostamos a que Diputados entienda la señal de las gobernaciones, que están pidiendo terminar con esta cosa de la generación de inflación por parte del mercado inmobiliario. Están diciendo ‘desplacemos al mercado inmobiliario como generador de inflación’, que sea el Estado el que define el rumbo de la economía y no el mercado”, planteó Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. La organización Habitar Argentina emitió un comunicado en el mismo sentido, reclamando “que se trate el proyecto de ley de alquileres este año” en la Cámara baja: “Habitar Argentina acompaña la iniciativa e invita a los/as diputados y diputadas a comprometerse con este proyecto de ampliación de derechos y contribuir así a la construcción de condiciones más justas de acceso al hábitat”.
