En uno de los días más importantes por la lucha de los derechos de la mujer, y en reclamo por la violencia machista y los femicidios, María Eugenia Vidal anunciaba que su provincia se iba a adherir al "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" recomendado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
La primer gobernadora mujer en la historia de la provincia de Buenos Aires llevaba adelante una medida que sorprendía por la tradición católica conservadora de gran parte de su Gabinete. Pero la decisión no duró ni una semana. Es que las presiones obligaron a la mandataria a revocar su decisión y dar marcha atras con la adhesión al protocolo.
Las presiones de la Iglesia no tardaron en llegar, y desde la agencia Católica Argentina se difundió un comunicado de la Asociación Familia por la Paz. Pero es en la propia política donde las presiones se hicieron más fuertes; en el propio Gabinete de la gobernadora se ven dos vertientes claras.
Por un lado la ministra de Salud Zulma Ortiz, mantiene una posición clara y mantiene un fuerte compromiso con la salud pública y trabaja desde hace años en la difusión del riesgo que implica para las mujeres someterse a abortos clandestinos. P
ero el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, es una reconocida personalidad del Opus Dei, y su peso en el gabinete bonaerense es mucho más fuerte que el de la titular de Salud.
Además es este último quien decide que se publica en el Boletín Oficial, por lo que la resolución firmada por la ministra quedaría sin efecto. En mayo, Vidal había manifestado que el aborto "no es un tema que se debata en la Provincia, aunque creo que debería haber libertad de conciencia en cada partido". Las posiciones son encontradas en Cambiemos, pero las presiones son más fuertes que las convicciones de sus dirigentes.
