Familiares de víctimas en una audiencia de la megacausa en 2013.
De los 37 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la llamada Megacausa Arsenales II de Tucumán, ya no queda ninguno en cárcel común. El último, Ariel Orlando Valdiviezo, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria esta semana. Se trata del cuarto represor enviado a cumplir su condena en su casa en lo que va del año en esa provincia.
“Si seguimos así se van a terminar transformando en sentencias simbólicas”, advirtieron los abogados querellantes.
Valdiviezo tiene 71 años y fue condenado en dos causas por crímenes cometidos durante la última dictadura. En 2013, en el marco de la megacausa, fue sentenciado a 14 años de prisión por asociación ilícita, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de diez personas. Al año siguiente, fue condenado a perpetua por ser el autor material del asesinato de Osvaldo de Benedetti, secuestrado en 1978. Anteayer, el Tribunal Oral Federal de Tucumán lo envió a su casa.
“Es una persona que apenas tiene la edad legal mínima –para la prisión domiciliaria-, tiene 71 años. Goza de buena salud en líneas generales, no tiene nada grave. Y estaba detenido en el hospital penal de Ezeiza, por lo que su situación estaba contemplada”, dijo el abogado querellante Pablo Gargiulo, en diálogo con Política Argentina. “La evaluación que tengo respecto al otorgamiento de domiciliarias es que en líneas generales el criterio se ha vuelto más flexible, más elástico –cuestionó- Hay como una tendencia a hacer una aplicación casi automática del beneficio, entiendo que hay un cambio de temperamento en este sentido”.
Ariel Orlando Valdiviezo
Valdiviezo era el último de los 37 condenados en la megacausa de 2013 que permanecía en prisión común. Con el otorgamiento de la domiciliaria, ninguno de esos represores quedó en la cárcel. Aquel juicio se llevó a cabo contra 41 acusados –cuatro de ellos fueron absueltos- por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado en perjuicio de 208 víctimas. Fue por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía de Tucumán y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, como se conoció al centro clandestino de detención más grande del noreste del país. Si bien en una sentencia histórica 37 de los acusados fueron condenados, al año siguiente una medida de Casación dejó en libertad a 17 represores y concedió la prisión domiciliaria a otros 13. El proceso se completó con las medidas de este año.
“Observamos que hay una relación entre algunas resoluciones judiciales y el cambio político de los últimos meses.
Si uno observa algunas resoluciones, piensa que el Poder Judicial está reacomodándose de la mano de la nueva coyuntura política, cosa que es gravísima”, advirtió desde Tucumán el abogado de derechos humanos Emilio Guagnini. Y agregó que “hay una serie de dispositivos vinculados a causas de lesa que se han ido desarticulando en estos meses, los recursos se han ido reduciendo”.
Tras la concesión de la prisión domiciliaria a Valdiviezo, consideró “gravísimo” que “después de tantos años de esperar y que se consiguieran sentencias condenatorias altas, al poco tiempo no tengamos ninguno de los acusados en cárcel común”. Alarmado por la tendencia de los últimos meses, no sólo en la provincia de Tucumán, el letrado advirtió: “Si seguimos así se van a terminar transformando en sentencias simbólicas. Porque el cumplimiento efectivo en la práctica no se da”.
Por su parte, Gargiulo anticipó que está trabajando “para que a todos los detenidos que ya se encuentran en Tucumán con domiciliaria al menos se les aplique el sistema de monitoreo (con pulsera electrónica). Porque otra de las grandes cuestiones es la dificultad para su control”. Recientemente, un tribunal de San Martín revocó la domiciliaria a un represor que salió a pasar su perro violando la prisión domiciliaria.
“Entre víctimas y familiares hay una actitud de mucho desagrado. Es difícil de entender muchas veces, porque ellos han sostenido durante tanto tiempo el lema de cárcel común, perpetua y efectiva.
Que un condenado a perpetua se vaya a la casa es muy difícil. Genera mucha frustración entre testigos, víctimas y familiares”, alertó.
