El juez neoyorquino Thomas Griesa y Argentina volverán a cruzarse en los tribunales norteamericanos luego de que un megabufete de más de 500 millones de dólares de activos denunciara al país por supuesto incumplimiento del estatuto de compromisos asumidos al momento de la expropiación del 51% de YPF para recuperar el control estatal de la compañía, en abril de 2012.
Según argumentan, el estatuto de la petrolera indica que antes de realizar cualquier compra de una porción del control de la empresa, el comprador hacerle una oferta por todas las acciones a quienes tengan parte de la compañía.
Burford presentó su demanda en Nueva York el 8 de abril y según el expediente, al que pudo acceder el diario La Nación, el mismo día fue referido al juez Griesa, por pedido de los demandantes.
El antecedente más similar de este caso fue una demanda de la petrolera española Repsol, en mayo de 2012, un mes después de que mediante una ley de expropiación sancionada en el Congreso, Argentina le sacara el control de YPF. En ese caso, el juez designado fue Griesa. Es por eso que los abogados de Burford pidieron que el caso recayera en el juez, que conoce el proceso de nacionalización de YPF.
Aunque el antecendente fue favorable para la Argentina en aquél entonces (Repsol quitó su demanda tras llegar a un acuerdo de indemnización con el Gobierno Nacional), el curso que tomará la demanda más reciente -en un contexto álgido entre el juez y Argentina- se desconoce.
