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| Oficialistas y opositores |
 Es curiosa la dinámica que ha adoptado la política nacional en el último tiempo. El bipartidismo en nuestro país comenzó a erosionarse en las elecciones presidenciales de 1995, con la irrupción intempestiva del Frente Grande, y terminó de fracturarse en el 2001, con el estallido del sistema de partidos y su posterior fragmentación. Sin embargo, la dialéctica “oficialismo- oposición”, propia de los bipartidismos, parece no haber desaparecido jamás del escenario político.
El kirchnerismo consiguió, desde sus inicios en el poder, sortear los desafíos planteados por el multipartidismo, articulando una fuerza política amplia capaz de contar con mayorías legislativas en ambas cámaras. Dos fueron, sobre todo, los pilares que le posibilitaron al kirchnerismo erigirse como un polo de atracción para el resto de los actores políticos y sociales. Por un lado, la solvente política fiscal le permitió al Ejecutivo administrar y distribuir, con altos grados de discrecionalidad, una inconmensurable suma de recursos económicos. Por el otro, los altos índices de popularidad registrados por la administración Kirchner hasta 2007 significaron fuertes incentivos para que gran parte del contingente opositor se sumase a la pléyade oficialista, en un contexto en el cual las etiquetas partidarias se encuentran muy deslegitimadas (de aquí la emergencia de los llamados “radicales k”). En este sentido, el ciclo kirchnerista ha estado signado, a pesar de la fragmentación del sistema de partidos, por la lógica binaria de “oficialismo vs. oposición”, característica de las democracias bipartidistas. Mucho ha tenido que ver, claro está, la estrategia kirchnerista de fracturar el campo político en dos bloques dicotómicos, haciendo del antagonismo una forma de constituir y reforzar la identidad propia (piénsese, sino, en el clivaje dictadura/derechos humanos, o neoliberalismo/antineoliberalismo). Una vez que los índices de popularidad del oficialismo comenzaron a reducirse, la diáspora opositora se detuvo, emprendiendo, de este modo, su propia reconstitución. Algo de todo esto quizá haya encontrado su traducción institucional en la integración de las comisiones llevada a cabo en la última sesión del Senado Nacional. Luego de conseguir el esquivo apoyo de Menem a cambio de una serie de cargos relevantes dentro de las comisiones (como habíamos adelantado desde aquí la semana pasada), la oposición consagró una mayoría ficticia cuyo propósito colectivo no es otro más que cercenarle el poder al oficialismo. No se entiende, de otro modo, cómo es posible que Reutemann y Giustiniani, o Juez y Mestre, rivales en las últimas elecciones en Santa Fe y Córdoba respectivamente, se encuentren levantando la mano en el recinto para el mismo bando. La nueva correlación de fuerzas ha dictaminado que “la oposición” (concediendo que existe un colectivo político que unifica al heterogéneo “70 por ciento que votó la gente en junio”, tal como rezan los grandes medios de comunicación) contará con mayoría en cada una de las 25 comisiones, dejando al oficialismo sin el control de áreas sensibles como Asuntos Constitucionales o Presupuesto. El arco opositor demuestra en cada acto que es menos dialoguista y consensual de lo que sus loas republicanistas e institucionalistas invitarían a pensar. Este escenario es poco promisorio para cualquier sistema presidencialista: los riesgos de parálisis institucional producto del choque entre Ejecutivo y Legislativo son ahora muy grandes. Claro que Cristina Fernández cuenta con herramientas constitucionales que le permiten gobernar evitando al Congreso (como los poderes de decreto y de veto), pero la dimensión política es muchas veces más compleja que la legal, por lo cual la Presidente no tiene demasiado margen para incurrir en esta vía. El kirchnerismo ha perdido esta batalla en su ley; el equilibrio de poder se ha modificado y hoy la fuerza del número le da la razón al arco opositor. La intransigencia con la que el oficialismo supo gobernar en otros tiempos hoy se le vuelve en su contra. Es de esperar, por lo demás, un Congreso que busque limitar el poder del Ejecutivo (por ejemplo, a través de una reforma del Consejo de la Magistratura, o vía rechazo de los DNU) y que muchas veces linde con lo destituyente (posible impugnación de Marco del Pont al frente del Banco Central). Todo, claro está, dentro de una dialéctica binaria entre oficialistas y opositores. |